El punto de partida: la Resolución General 562/2009 de la CNV
La adopción de las NIIF plenas en Argentina comenzó formalmente con la Resolución General 562/2009 de la Comisión Nacional de Valores, que estableció su aplicación obligatoria para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2012 para las entidades emisoras de valores negociables comprendidas en el régimen de oferta pública, con excepción de las entidades financieras y de seguros, que continúan bajo esquemas regulatorios específicos.
La FACPCE acompañó ese proceso mediante la Resolución Técnica 26, que incorporó las NIIF al conjunto de normas contables profesionales argentinas, estableciendo además ciertas adecuaciones para preservar la coherencia con el resto del cuerpo normativo local.
NIIF para PYMES: un estándar simplificado
Para las entidades que no cotizan en bolsa ni están sujetas al control de la CNV, la FACPCE aprobó en 2013 la Resolución Técnica 41, que adopta la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitida por el IASB. Este estándar simplificado reduce significativamente los requerimientos de revelación y las opciones de medición disponibles, buscando un equilibrio entre calidad informativa y costo de cumplimiento para empresas de menor escala.
NIC 29 y el contexto de alta inflación
Un aspecto central del debate normativo argentino es la aplicación de la NIC 29, "Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias". Diversos organismos profesionales han calificado a la economía argentina como hiperinflacionaria en distintos períodos recientes, lo que obliga a las entidades que aplican NIIF plenas a reexpresar sus estados financieros en moneda de cierre. Este requerimiento internacional converge, aunque con metodologías distintas, con el ajuste por inflación previsto en la normativa profesional local.
Beneficios y desafíos de la convergencia
Entre los beneficios más citados por la literatura se destacan la mayor comparabilidad internacional de los estados contables, un mejor acceso a mercados de capital y financiamiento externo, y la reducción de asimetrías de información para inversores extranjeros. Entre los desafíos, se mencionan los costos de capacitación profesional, la necesidad de actualizar sistemas de información contable y la complejidad que representan ciertos estándares —como el reconocimiento de ingresos o los instrumentos financieros— para estructuras administrativas pequeñas.